Sistema Informativo Nacional/ Después de 10 años del hecho, el Consejo de Estado determinó responsables
SFN /JUDICIAL
El país entero se conmocionó por la tragedia del 18 de mayo de 2014 dónde 33 niños y una mujer murieron incinerados en el interior de una buseta de transporte en Fundación, Magdalena. El Consejo de Estado determinó que el municipio, el Instituto de Transporte y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia fueron civilmente responsables por la tragedia.
De acuerdo con el alto tribunal, éstas entidades tendrán que pagar una millonaria indemnización a las familias de las víctimas.
Paradójicamente, una de las niñas víctimas era hija del pastor Salvador Ibarra miembro de la congregación religiosa en el municipio.
El religioso, según reportes documentales de la investigación, siempre manifestó que «lo ocurrido fue un accidente», sin embargo, su testimonio culminó en mayo de 2021 tras fallecer en una clínica de Barranquilla de covid-19.
En la determinante decisión, el Consejo de Estado estableció mediante el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que la indemnización será colectiva.
En ese orden, el alto tribunal estableció que la iglesia asumirá el 90% del total del pago, es decir, un equivalente a 14.320 salarios mínimos legales mensuales, mientras que el Municipio se encargará del 10%, que se traducen en 1.790 salarios mínimos legales mensuales.
Los hechos
De acuerdo con la investigación de las autoridades, los niños asistían a la iglesia, bajo el cuidado del pastor Manuel Salvador Ibarra, (hoy fallecido) y fueron transportados en un bus que era conducido por Jaime Gutiérrez Ospino.
Ambos ciudadanos ( pastor y conductor) fueron detenidos y enviados por las autoridades a la cárcel acusados por el delito de homicidio simple en concurso homogéneo y simultáneo, en la modalidad de dolo eventual.
No obstante una jueza de Santa Marta les otorgó la libertad a ambas personas en diciembre de 2017.
Según las autoridades, los pagos de las indemnizaciones se realizarán a través del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo y tendrán un plazo de hasta 30 días para consignar los recursos.
«Este fallo busca reparar a las familias afectadas y enfatiza la importancia de la responsabilidad institucional en la prevención de tragedias similares» señala un aparte del proceso, informaron las autoridades.
