El proyecto incluye aumento de impuestos a consumo, patrimonio y renta, mientras busca “justicia fiscal” gravando a los sectores de altos ingresos.
REDACCIÓN ECONOMÍA
Bogotá — En medio de un complejo panorama fiscal, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso la esperada reforma tributaria 2025-2026, con un ambicioso plan de recaudo por $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026.
La propuesta amplía la progresividad del sistema: busca que quienes tienen mayores ingresos, patrimonio o capacidad de consumo —lo que el presidente define como los “megaricos”— asuman una mayor carga tributaria.
Se plantea reducir el umbral de pago del impuesto al patrimonio —de 72.000 a 40.000 UVT— y elevar la tarifa hasta el 5%, lo que podría incluir a cerca de 100.000 contribuyentes.
El texto propone gravar con IVA del 19 % actividades y bienes que antes tenían exenciones o tarifas reducidas: juegos de azar, apuestas, servicios de plataformas digitales, iglesias en actividades comerciales y ciertos lujos.
En cuanto al impuesto sobre la renta de personas naturales, se ajustaría para hacerla más progresiva, con una tarifa marginal máxima propuesta del 41 % para quienes perciban ingresos por encima de un umbral elevado.
También se revisan —y posiblemente eliminan— varias exenciones tributarias, con el fin de ampliar la base gravable y aumentar los ingresos del Estado.
Objetivos del Gobierno
Según el Ejecutivo, esta reforma tiene como fin garantizar la sostenibilidad fiscal del país frente a un déficit proyectado del 7,1 % del PIB para 2025.
Además, se plantea como un mecanismo para promover una mayor equidad: quienes más tienen, más contribuyen.
Críticas y riesgos apuntados por analistas y gremios
Entidades como Fedesarrollo han advertido que la reforma enfrenta una baja viabilidad política en el Congreso, dada su ambiciosa magnitud en un contexto electoral.
Organizaciones del sector comercio han cuestionado que la reforma podría golpear a la clase media, a los pequeños negocios y aumentar el costo de vida general, argumentando que una reforma fiscal no debería transferir todo el ajuste a los consumidores.
Algunos expertos señalan que si no se acompaña de una racionalización del gasto público, la reforma podría servir poco para estabilizar las finanzas estatales a mediano plazo.
En conclusión, La reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro representa uno de los ajustes fiscales más ambiciosos de la última década en Colombia. Con un fuerte componente redistributivo —gravar patrimonio, renta y consumo de lujo—, busca cerrar el hueco fiscal del 2026 y promover mayor equidad. Sin embargo, la presión sobre el consumo, las inversiones y el bolsillo de los ciudadanos cobra peso: su aprobación no parece segura, y su impacto podría generar fuertes debates sobre la carga fiscal y el crecimiento económico.
¿Ustedes que opinan? …
