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«Amañadas» así catalogó la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, las preguntas que contiene la consulta popular promovida por el presidente de la República Gustavo Petro .
Para la Federación, los mecanismos de participación ciudadana no pueden usarse para sustituir las decisiones del Congreso, cuyos integrantes, fueron elegidos también por voto popular y por ende rechaza y cuestiona ésta iniciativa del Gobierno Nacional para tratar temas laborales.
Según explico mediante un comunicado Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, «la mayoría de las preguntas son fiel copia del articulado del proyecto de reforma Laboral que se hundió dos veces en el Congreso»
Cabal explicó que la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación exige que las preguntas que se formulen en una consulta popular sean claras y que no correspondan a proyectos de articulado como pretende hacerse con esta
iniciativa.
«Las 12 preguntas formuladas pretenden revivir el articulado del proyecto de Reforma Laboral que fue hundido en la Comisión Séptima del
Congreso y ninguna de ellas apunta a solucionar el grave problema de desempleo en el país, que hoy tiene a casi 3 millones de personas desocupadas; afirmó Cabal.
De acuerdo con el vocero de los Comerciantes, y al igual que en el caso de los dos proyectos de reforma laboral archivados, el Gobierno no ha presentado estudio alguno que demuestre el cumplimiento de este requisito que cobra especial importancia en momentos en los que el déficit fiscal se encuentra desbordado y cuestionado el cumplimiento de la regla fiscal.
El presidente de la mencionada organización señaló además que «a estas alturas, no se ha desvirtuado el efecto en el aumento de costos que afectaría con más fuerza a las micro pequeñas y medianas, empresas y emprendimientos, que puede alcanzar hasta el 30% de sobrecostos, según el tamaño de la empresa; ni la pérdida de 450,000 empleos en promedio, según el concepto técnico del Banco de la República».
Dos figuras contradictorias
El gremio llamó la atención sobre lo que considera una contradicción del Gobierno: mientras se acude a la figura de la conmoción interior para imponer nuevos impuestos, como el timbre y el tributo a juegos en plataformas digitales, por otro lado se impulsa una consulta popular con fondos públicos sobre temas que ya fueron negados en dos ocasiones por el Congreso y que puede llegar a costar 700 mil millones de
pesos.
