REDACCIÓN POLÍTICA
Bogotá, Colombia
En una decisión considerada histórica para el control del uso de recursos públicos en entornos digitales, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso límites estrictos a la administración nacional sobre la utilización de cuentas oficiales en redes sociales con fines distintos a los institucionales.
El fallo se centra especialmente en el comportamiento del Servicio Geológico Colombiano (SGC), luego de que la entidad, y otras dependencias del Estado, difundieran publicaciones exaltando la gestión del presidente Gustavo Petro.
El Tribunal advirtió que los canales oficiales —incluyendo X, Facebook, Instagram y demás plataformas institucionales— deben destinarse exclusivamente a informar sobre funciones misionales, alertas, decisiones técnicas o comunicados propios de cada entidad, y no pueden convertirse en herramientas de promoción política, propaganda gubernamental o posicionamiento personal de funcionarios.
Un precedente para todo el Estado
La decisión, que podría influir en la actuación de otras entidades públicas, establece que las comunicaciones digitales del Estado tienen un carácter neutral, técnico y orientado al servicio ciudadano, por lo que está prohibido mezclar dichas cuentas con contenidos que puedan interpretarse como mensajes partidistas o que busquen resaltar la figura del presidente o de cualquier funcionario público.
El fallo señala que las publicaciones del SGC —entidad encargada de monitorear fenómenos volcánicos, sísmicos y geológicos— deben concentrarse exclusivamente en sus obligaciones legales, especialmente porque cualquier desviación puede afectar la confianza pública en la información científica que difunde.
Un llamado a la transparencia digital
El Tribunal recordó que la Constitución obliga a las instituciones públicas a garantizar transparencia, imparcialidad y uso adecuado de los recursos del Estado, elementos que aplican también al manejo de redes sociales. Asimismo, advirtió que el mal uso de estos canales puede generar sanciones disciplinarias y responsabilidades administrativas.
La decisión llega en un momento de creciente debate sobre los límites entre comunicación institucional y propaganda gubernamental en la era digital, donde las redes sociales se han convertido en un canal primordial de interacción entre el Estado y los ciudadanos.
¿Qué deberá hacer ahora el Gobierno?
Como parte de la orden judicial, las entidades involucradas deberán:
Ajustar sus protocolos de comunicación digital.
Verificar que las publicaciones en redes sociales tengan relación directa con su misión.
Evitar cualquier mensaje que pueda interpretarse como promoción de gobierno o de figuras políticas.
Implementar mecanismos de revisión previa para evitar reincidencias.
El fallo es visto como un paso clave hacia el fortalecimiento del control judicial sobre la comunicación pública en Colombia y pone en alerta a todas las entidades estatales sobre la necesidad de manejar sus plataformas digitales con rigor, neutralidad y responsabilidad institucional.
