REDACCION JUDICIAL
En los últimos días se dieron a conocer denuncias muy graves sobre lo que podría ser una infiltración de disidencias de las FARC —principalmente del bloque liderado por alias Calarcá Córdoba— en entes de seguridad del Estado como el Ejército Nacional y la DNI. Estas denuncias han generado una respuesta contundente de las autoridades y una profunda polémica pública.
Según conoció SFN, la acusación se basa en comunicaciones, correos y chats incautados a integrantes de la disidencia durante una operación militar en julio de 2024, en un retén en el municipio de Anorí (Antioquia).
Fuentes oficiales señalaron que entre los detenidos estaban miembros de la estructura armada y se incautaron computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos con supuesta información clave.
Medios nacionales basados en las pruebas halladas, revelaron que dichos archivos muestran contactos entre altos oficiales del Estado —incluyendo un general del Ejército y un alto funcionario de la DNI— y los disidentes.
» Se habla de filtración de información sobre operativos militares, movimientos de tropa y logística, así como planes para crear una empresa fachada de seguridad privada que permitiría a los disidentes movilizarse de forma legal con vehículos blindados y armas, en caso de fracasar un eventual proceso de paz», indicaron organismos investigadores.
Según lo encontrado, los funcionarios implicados son el general Juan Miguel Huertas (Comando de Personal del Ejército) y Wilmar Mejía (alto funcionario de la DNI). Ambos niegan las acusaciones.
Ante éste hecho, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación formal para determinar si existió cooptación de agentes del Ejército y de inteligencia por parte de las disidencias, y si hubo filtración de información clasificada.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, suspendió provisionalmente a Huertas y a Mejía para evitar interferencias en la investigación, aunque no significa una condena anticipada.
Entre tanto, el Ministerio de Defensa de Colombia, a través de su titular, aseguró que la cooperación con grupos criminales representa una “línea roja”, y ordenó que se realice una investigación rigurosa y urgente.
Resumen agencias
