SFN | EE.UU.
La promesa del presidente electo Donald Trump de implementar deportaciones masivas y restringir la inmigración, tanto legal como ilegal, ha desatado una ola de preocupación entre las comunidades migrantes en Estados Unidos. Ante el panorama que se vislumbra tras su toma de posesión, miles de inmigrantes han iniciado procesos legales y organizativos para protegerse.
Desde la victoria de Trump en las elecciones, abogados de inmigración han visto un incremento significativo en consultas y solicitudes. Personas con residencia permanente buscan acelerar sus procesos de naturalización, mientras que aquellas con un estatus más precario, como beneficiarios de DACA, exploran vías legales para garantizar su permanencia en el país. Yaneth Campuzano, ingeniera de software en Houston y beneficiaria de DACA, decidió adelantar su matrimonio para poder acceder a una green card. “Solo cuando mi situación esté asegurada podré volver a respirar”, expresó.
El plan de inmigración de Trump contempla medidas como la construcción de vastos centros de detención y la utilización del ejército para ejecutar deportaciones. Según Stephen Miller, principal asesor en políticas migratorias, las redadas se extenderán a lugares de trabajo y comunidades, afectando a personas que llevan décadas viviendo en Estados Unidos. La preocupación también ha alcanzado a líderes universitarios, quienes buscan formas de proteger a estudiantes internacionales e indocumentados, especialmente ante las vacaciones de invierno, un periodo crítico para quienes podrían enfrentarse a restricciones al intentar regresar al país.
En estados como California, organizaciones no gubernamentales han intensificado sus actividades para informar a los inmigrantes sobre sus derechos. Luz Gallegos, directora del Centro Legal TODEC, explicó que las sesiones de “conozca sus derechos” buscan preparar a las familias para posibles redadas. Silvia Campos, una trabajadora agrícola indocumentada, asistió a una de estas sesiones y tomó medidas como autorizar el cuidado de sus hijos por un familiar ciudadano en caso de ser deportada.
El temor no solo afecta a quienes carecen de estatus migratorio, sino también a residentes legales como Sergio Terán, quien recientemente inició su proceso de naturalización. “Quiero sentirme seguro sabiendo que mi ciudadanía está en trámite”, dijo.
Organizaciones de derechos humanos y grupos universitarios han instado a los inmigrantes a actuar con rapidez y explorar las herramientas legales disponibles antes de la inauguración de Trump. Mientras tanto, la comunidad inmigrante se enfrenta a un periodo de incertidumbre, marcado por la esperanza de encontrar soluciones y la preocupación por los efectos de las políticas que se avecinan.
CC: The NewYork Times
Resumen de agencias.
