SFN | Santander
El narcotraficante escapó de su detención domiciliaria en Medellín, generando críticas a los juzgados de Bucaramanga y Medellín por su permisividad en el manejo del caso.
Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi, escapó de su detención domiciliaria en una urbanización de El Poblado, Medellín, lo que ha desatado una oleada de críticas hacia los juzgados de Bucaramanga y Medellín. Este hecho ha levantado cuestionamientos sobre las decisiones judiciales que permitieron que un individuo con un historial de violación de su libertad condicionada, en al menos 14 ocasiones, continuara bajo arresto domiciliario.
El caso ha escalado hasta el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, que ha iniciado una investigación preliminar para determinar si hubo irregularidades en el manejo del proceso judicial. En el centro de la polémica se encuentra el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, que absolvió a alias Pichi de varios delitos graves, y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que le otorgó la detención domiciliaria.
El vínculo con la familia Díaz Mateus
Uno de los aspectos más sensibles de esta situación es la implicación de María Piedad Díaz Mateus, jueza del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y hermana del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus. La jueza es señalada por haber absuelto a alias Pichi de delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos en una sentencia emitida el pasado 24 de julio.
En su defensa, el gobernador Juvenal Díaz Mateus ha sido enfático en que no tiene ninguna injerencia en las decisiones judiciales de su hermana, aclarando que su carrera ha estado dedicada a combatir el narcotráfico y las estructuras criminales en el país. Díaz ha liderado acciones contundentes contra bandas como el Clan del Golfo, y actualmente en su administración continúa enfrentando las redes delictivas que operan en Santander.
“No tengo relación con las decisiones de mi hermana. Ella actúa bajo su criterio judicial y desconocía que estaba a cargo de este caso. Mi labor ha sido perseguir a narcotraficantes y delincuentes, y seguiré haciéndolo con el mismo rigor”, afirmó el gobernador ante los medios, desmarcándose de cualquier influencia sobre el proceso judicial de alias Pichi.
Polémica entre jueces y el Ministerio de Justicia
La fuga de alias Pichi ha desatado un cruce de responsabilidades entre los juzgados implicados. La jueza Mónica Patricia Londoño, del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, defendió las acciones de su despacho ante las críticas de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. La ministra había señalado que, pese a las reiteradas alertas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sobre el riesgo de fuga de alias Pichi, no se actuó con celeridad para revocar su arresto domiciliario.
En su respuesta, la jueza Londoño subrayó que su despacho no fue el responsable de conceder la detención domiciliaria al narcotraficante, sino que esa decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga en abril de 2020. Londoño explicó que su responsabilidad comenzó únicamente con la vigilancia de la pena impuesta, una vez alias Pichi fue absuelto en otro proceso.
Además, la jueza enfatizó que, para garantizar el cumplimiento de la sentencia, se le instaló a alias Pichi un brazalete electrónico, lo que permitió su traslado al domicilio. Sin embargo, recordó que la ley no permite una revocatoria inmediata del beneficio de prisión domiciliaria, ya que es necesario cumplir con los procedimientos legales establecidos, incluyendo el derecho a la defensa del condenado.
Impacto en el sistema judicial
La fuga de alias Pichi ha dejado en evidencia las fallas estructurales dentro del sistema judicial colombiano, especialmente en los casos que involucran a criminales de alta peligrosidad. Las demoras en las decisiones judiciales y la falta de coordinación entre las instituciones implicadas en la vigilancia de estos casos han puesto en jaque la credibilidad de los juzgados involucrados, quienes ahora enfrentan una investigación a fondo para esclarecer si hubo irregularidades.
El hecho de que una jueza, hermana de un alto funcionario público, esté involucrada en este caso solo ha aumentado el escrutinio público sobre la imparcialidad del sistema judicial y la posible influencia política en las decisiones que han permitido la fuga de un narcotraficante con antecedentes tan graves.
El Consejo Nacional de Disciplina Judicial deberá aclarar si las actuaciones de los jueces involucrados cumplieron con los protocolos establecidos y si hubo alguna negligencia en la toma de decisiones que favorecieron la libertad de alias Pichi.
Resumen de agencias.
